De la Meseta al Oasis

L os españoles se merecen un Gobierno que no mienta”, decía el que había sido portavoz del gobierno de los GAL, don Alfredo Pérez Rubalcaba, después del atentado del 11-M, provocado para derribar al gobierno de Aznar y para que el Partido Popular no ganara las elecciones generales que se iban a celebrar tres días después.

Y lo que son las cosas, Rubalcaba es hoy ministro de Interior del gobierno más mentiroso de la historia de España. En la pasada legislatura fue el conductor de las negociaciones con los terroristas de ETA, o sea el GAL a la inversa, y en esta Rubalcaba se ha convertido en el ariete de una persecución y acoso del Gobierno contra la oposición, de la que no existen precedentes democráticos, utilizando todos los instrumentos del Estado a su alcance, incluido el pinchazo de teléfonos por el método Sitel, para asegurar la continuidad indefinida del PSOE en el Poder.

Es así como surge el caso Gurtel, con el que se pretendía demostrar la financiación ilegal del PP, pero del que por ahora, y a pesar de los ímprobos esfuerzos de Rubalcaba, del Juez Garzón y de la policía judicial, sólo puede decirse que la empresa de Correa organizaba los eventos internos del Partido Popular, y cuyos servicios fueron rescindidos por el tesorero nacional y por el gerente del Partido cuando Correa intentaba extender el ámbito de sus influencias a las adjudicaciones públicas.

Gurtel no tiene nada que ver con Filesa. Porque la primera es una empresa externa al PP, que buscaba beneficios empresariales “comprando” presuntamente voluntades personales, y la segunda era una empresa creada por el propio PSOE para autofinanciarse, que exigía comisiones a los adjudicatarios de obras públicas, y cuyos máximos responsables, destacados dirigentes socialistas, fueron condenados y enviados a la cárcel, en una época en la que no gobernaba el PP sino el PSOE. Es decir, Rubalcaba, Garzón, Pumpido y sus acólitos no han conseguido demostrar la financiación irregular del PP porque no ha existido, como sí existió la del PSOE con Filesa.

Lo que sí han conseguido es desviar la atención del personal para que no se hable del paro y de la crisis, y tapar las corrupciones que afectan al PSOE, cuya simple enumeración haría la lista interminable. Algunas de ellas nada presuntas, como la financiación del PSOE andaluz desde el Ayuntamiento de Estepona o las que afectan a Mercasevilla, a la hija de Chaves, al presidente del CNI, por no hablar del PSOE balear, que gobierna allí gracias al voto de un tal Tomeu Vicens, no presunto sino condenado por el cobro de comisiones en forma de suelo recalificado en el Polígono de Son Oms.

Pero todos estos casos han pasado prácticamente desapercibidos. Todo parecía ocurrir en el PP, en la meseta. Hasta que el caso Millet, conocido como Billet, vino a perturbar el oasis catalán. Algún susto hubo antes, como cuando Maragall le dijo a Mas que el problema de CIU era el 3%, pero las aguas volvieron a su cauce, esto es al oasis, cuando Mas amenazó con dejarnos sin Estatut, lo que demuestra que el entusiasmo soberanista tiene sus límites.

El susto de verdad ha venido después. Nadie había reparado que el juez Garzón está tocado y su carrera judicial en peligro. Porque no se puede grabar ilegalmente, como lo ordenó Garzón, las conversaciones entre los detenidos y sus abogados, ni cerrar en falso, como lo pretende, el caso Faisán, por el que los terroristas de ETA no pudieron ser detenidos en Francia por la policía francesa, gracias a un chivatazo de la policía de Rubalcaba, lo que es un delito de colaboración con banda armada.

Por eso Garzón decide cambiar su punto de mira, como ya lo hizo con el caso GAL, utilizar la información que dos años antes había remitido el sindic de Greuges y enviar un aviso al PSOE y de paso a CIU, esto es a la sociovergencia. Es así como surge el caso Pretoria, y las lamentaciones por el escarnio sufrido y las vejaciones innecesarias sufridas por los pretorianos de Pujol y el alcalde socialista de Santa Coloma.

Pero no se oía a nadie de CIU y del PSOE, cuando el gobernador civil de Lleida del PP y sus colaboradores fueron sentados en el banquillo, y sometidos a un juicio que fue un calvario y duró cuatro años, del que finalmente fueron absueltos porque eran totalmente inocentes.

Un celo investigador el de la justicia leridana, que sin embargo no ha servido para descubrir los secretos que revela la ramificación leridana del caso Pretoria. Nadie había reparado en la afición melómana del Ayuntamiento socialista de Lleida, que llegó a pagar 100 millones de pesetas por el alquiler de un palco en el Palau de la Música, ni en las adjudicaciones para que Agrotecsa cuidara de la jardinería de Lleida, porque por lo visto aquí no teníamos empresas adecuadas para ello, a través del ex diputado socialista “Luigi” García, a pesar de que ya había sido expulsado del PSOE-PSC.

El alcalde socialista de Lleida de antes no se acuerda de nada, el de ahora no encuentra los expedientes, y el fiscal condecorado por su entrega en la causa contra el Gobierno Civil no dice nada. Porque como dice Pujol “Aqui ningú diu res”. “No tiremos de la manta, no sea que nos hagamos daño”. Y es que Cataluña no es la meseta, esto es un oasis.

José Ignacio Llorens Torres
Diputado del PP por Lleida