Tiempos de convulsión

Desde la restauración de la democracia, España ha vivido momentos difíciles, de verdadera convulsión. El golpe de Estado, afortunadamente fallido, del año 1981, los escandalosos episodios de principios de los 90, que acompañaron el fin del felipismo, y que coincidieron además con una crisis económica similar a la actual, han marcado etapas criticas que, no obstante, se han podido superar porque se han respondido con medidas y decisiones adecuadas.

Ahora mismo estamos viviendo una crisis económica que comporta dolorosos costes sociales y sacrificios personales, a los que hay que añadir las irregularidades y escándalos conocidos estos últimos días, que acentúan la justa indignación ciudadana, y para colmo, un gobierno legalmente constituido plantea la ilegal segregación de una parte del Estado. Estamos pues ante un momento difícil, delante de una grave crisis económica, política, social e institucional. Una crisis de Estado.

Para solucionar un problema lo primero que hay que hacer es acertar con el diagnostico y después aplicar las soluciones necesarias. Todos los partidos, no solo al que me honro pertenecer desde el año 1982, hemos vivido casos de corrupción. Considero que formo parte de un proyecto colectivo, por tanto, me parecería insolidario sumarme a las criticas, que ya nos llueven desde todos los ámbitos.

Solo quiero añadir que la propuesta del presidente Mariano Rajoy para depurar responsabilidades internas del PP hasta las ultimas consecuencias, resolver de una vez la financiación de los partidos políticos y ofrecer un gran acuerdo a todas las formaciones políticas para luchar contra la corrupción, es un verdadero pacto de Estado que no debería ser desaprovechado. Sobre esta cuestión, no deja de ser llamativo el tratamiento que los medios de comunicación catalanes dispensan a los casos de corrupción, según a quien afecte. Ciertamente, Catalunya es un oasis... informativo, y para tener una información completa, uno tiene que recurrir a lo que aquí se llama "caverna mediática de Madrit".

El derecho a decidir. Despejemos equívocos, bajo este eufemismo se esconde un subterfugio, una gran mentira. Quienes lo defienden intentan crear una confusión interesada entre democracia y legalidad. Pero la primera regla de oro en democracia es el respeto a las leyes y al Estado de Derecho, sin los cuales no hay democracia. El derecho a decidir desde la legalidad, tal y como lo plantean quienes lo quieren someter a la voluntad del pueblo catalán es una ilegalidad, por tanto, es una falacia y no es democrático. Ese derecho le corresponde al conjunto del pueblo español a través de los procedimientos legales vigentes, reiteradamente expuestos.

Si llegara ese momento, se tiene que plantear con honestidad y transparencia y sinceridad a los ciudadanos de Catalunya y del resto de España, las consecuencias de una hipotética secesión. No se puede sostener en serio y sin faltar a la verdad que Catalunya seguiría perteneciendo a la Unión Europea. Quedaría fuera, y no es necesario un alarde de imaginación para enumerar los costes de todo tipo que iban a suponer para el resto de España y para Catalunya, especialmente, la secesión.

La ruptura se basa en unos agravios que son falsos. España no nos roba, al contrario. El superávit comercial de Catalunya con el resto de España es de mas de 22.000 millones de euros, un 10 por ciento del PIB catalán. No es cierto, como aseguro Artur Mas el mismo día de la llegada del AVE a Girona, que el Estado no invierte en Catalunya. Al revés. Desde el año 1996 es la Comunidad Autónoma en la que mas se ha invertido, con más de 20.000 millones de euros. En caso de ruptura, según datos contrastables del Instituto de Estudios Económicos, Catalunya tendría que pagar 180.000 millones de euros de la deuda española, las exportaciones a España descenderían en un 50 por ciento y el PIB catalán en un 20 por cien, y todo ello sin contar la fuga de capitales y empresas y los costes de una moneda propia.

La solución a la espantosa situación económica heredada en el conjunto de España no ha sido ocultarla, sino reconocerla y afrontarla. La reforma laboral y la reforma financiera, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el esfuerzo de todas las administraciones en recortar el gasto y reducir el déficit empiezan a surtir efecto. España es percibida ya como un país serio, el crédito europeo comienza a fluir y se empiezan a notar síntomas esperanzadores. No hay derecho a que en estos momentos la irresponsable actitud del Govern de Catalunya se haya convertido en el principal lastre para la recuperación de la economía del conjunto de España.

Los movimientos populistas y nacionalistas cobran especial fuerza con sus falsas retóricas en épocas de crisis, prometiendo soluciones fáciles que no son ciertas. Con la independencia no viviríamos mejor porque los costes de todo tipo serian muy superiores a los beneficios. Artur Mas y los suyos, que en solo dos años han elevado la deuda de la Generalitat en mas de 9.000 millones de euros pueden seguir culpando al Gobierno Central de sus incumplimientos del déficit, en vez de atajar la hemorragia en los gastos de los Consorcios, Agencias, Consells, de la juventud, del agua, audiovisuales, deporte, lingüísticos, etcétera, y de las cerca de 500 empresas públicas que hay en Catalunya.

También es muy libre, quien hoy preside la Generalitat, de cambiar de socio, de penalizar el sentido de la responsabilidad de Durán i Lleida y de Unió y seguir perdiendo votos en favor de ERC. Pero de la crisis que vivimos no se sale con utopías y visiones mesiánicas, ni con confrontaciones estériles. España tiene que resolver sus diferencias para mantener el proyecto común, y eso exige por parte de todos pactos de Estado y políticas de grandeza. Porque señor Mas: la culpa no es siempre de los demás. La culpa de su fracaso electoral no es del señor Duran i Lleida, y la culpa de su fracaso económico tampoco del señor Rajoy, sino de los derroches identitarios, que al final obligan a que personajes tan significativos como el señor Josep Pujol Ferrusola haya cambiado su domicilio fiscal a 'Madrit'.

José Ignacio Llorens Torres
Diputado al Congreso del PP por Lleida.
Presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.