Acoso antidemocrático

1. El escrache:

El escrache, o sea el acoso domiciliario a los diputados del Partido Popular, es profundamente antidemocrático porque intenta coaccionar el voto de los representantes elegidos democráticamente por los ciudadanos. Por lo tanto, el acoso al Partido Popular, que además está respaldado en las urnas por la mayoría absoluta, es un acoso a los ciudadanos que lo han votado, pero también a los que no lo han votado, al sistema y a la democracia.

El acoso es una coacción, un atentado a la libertad, una forma de violencia, y por lo tanto nunca puede ser calificado como cívico ni como pacífico. Evidentemente, la violencia puede ser ejercida de muchas formas y ya estamos viendo estos días que se expresa de distintas maneras y con diferente intensidad, pero quien le apoya o no la condena se convierte en cómplice de ella y hay suficientes ejemplos en la historia de nuestro país y fuera, para recordar que así empezaron trágicas etapas.

2. El valor de la coherencia y la credibilidad:

“Vamos a agilizar los desahucios”, quien así se expresaba era la entonces Ministra de la Vivienda, Carmen Chacón, al presentar el llamado “Plan Chacón”, que entre otras medidas contemplaba la creación de seis Juzgados de Primera Instancia de lo Civil, precisamente para facilitar los desahucios. La propuesta fue aprobada en Consejo de Ministros del 2007 y el desahucio express fue aprobado durante el mandato de Zapatero. Es mas, el Gobierno del PSOE rechazo diez veces la dación en pago que ahora apoya.

En el esplendoroso periodo, que va del 2008 al 2012, se produjeron casi 400.000 desahucios, 80.000 de ellos en el año 2011. Eran los tiempos de la Champions y del mejor sistema financiero del mundo mundial. Eran los tiempos de las preferentes también, y de los controles ejercidos por destacados socialistas en los órganos competentes. Esto es la CNMV y el Banco de España. No hace falta añadir que las hipotecas por aquella época, con cláusulas a veces abusivas, proliferaban, y que la Ley Hipotecaria -vigente desde mucho antes- seguía inalterable. La bochornosa actitud de los socialistas ahora, demuestra su gran desprecio por el indisociable binomio coherencia-credibilidad.

3. La respuesta del gobierno del partido popular:

Aunque lo parece, por el activismo y proliferación de Plataformas que durante el gobierno anterior no existían, el problema de los desahucios no es nuevo. Lo que ha sido nuevo es la respuesta de un gobierno que por primera vez ha actuado para resolver un problema que no ha creado y que se ha agudizado con la crisis económica heredada.

Antes de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), el gobierno Rajoy aprobó el Real Decreto Ley 27/2012 de 15 de noviembre, que comprendía diversas medidas para facilitar el pago de las hipotecas y evitar los desahucios. Cabe destacar, entre ellas, dos muy importantes, la creación de un fondo social de viviendas con el objetivo de facilitar a las personas desahuciadas el acceso a contratos de arrendamiento asumibles y la paralización, o sea la suspensión, durante dos años del desalojo de las viviendas de los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos inmigrantes.

Las expropiaciones forzosas a las viviendas de los Bancos aprobadas por la Junta de Andalucía, no suponen ninguna ventaja respecto a la segunda medida de las antes citadas. Una suspensión de dos años, que puede prorrogarse en función de la situación económica del afectado, frente a una expropiación, ahorra el pago del justiprecio, no atenta contra el principio de seguridad jurídica y no viola el derecho constitucional a la propiedad privada. Es decir frente a la demagogia y el oportunismo político socialista, el Gobierno popular responde con oportunidad política adoptando soluciones realistas.

Por último, la respuesta a la ILP, que el grupo parlamentario popular podía haber bloqueado, ha sido un Proyecto de Ley que se aprueba esta semana con la aportación de todos los grupos políticos, en el que se limitan los intereses de demora y el alcance de las consecuencias para los afectados sin poner en peligro la viabilidad del sistema hipotecario, que no obstante tendrá que acogerse a un código de buenas prácticas que permita evitar situaciones abusivas como la que dio origen a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que fue una hipoteca concedida por la Caja que presidía el socialista Narcis Serra.

4. El oportunismo político y la calidad de nuestra democracia:

Estamos ante una especie de cruzada ideológica en contra del Partido Popular. Hay muchas razones para pensarlo, porque el 99 por cien de los desahucios se iniciaron en la etapa del gobierno socialista, antes del 2012, y estas Plataformas no aparecían entonces. La procedencia, además, de quienes las dirigen, que en muchos casos no están afectados por las hipotecas, y el inútil intento de coaccionar el voto individual de los Diputados que salen elegidos en las listas, es otra prueba más de la obscena manipulación política aprovechando el dolor de la gente, en contra de un Gobierno que ahora si, protegerá a los mas débiles.

Pero no nos engañemos, los que asaltan los supermercados, las posturas antisistema, los que coaccionan, los que incumplen las sentencias y desafían las Constitución, los que no respetan las leyes ni el Estado de Derecho, no van a arreglar nada, porque son los peores enemigos de la libertad y de la democracia, y lo que intentan es subvertir el resultado de las urnas que han legitimado y confiado a este Gobierno la solución a unos problemas que no ha creado. Y si no lo hace, los ciudadanos a través de los votos, y no de otra manera, podrán cambiar a quienes les dirijan. Esta es la esencia de la democracia, cuya calidad entre todos debemos preservar.

José Ignacio Llorens Torres

Diputado del Partido Popular por Lleida

Presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el Congreso de los Diputados

La Generalitat al borde de la bancarrota

Las finanzas de la Generalitat están en bancarrota. Al enorme agujero de 50.000 millones de euros, estos días se ha conocido que la Generalitat tiene comprometidos pagos en diferido por valor de 79.052 millones de euros pagaderos…..¡el año 2108! En esta situación resulta incomprensible, por lo menos hasta ahora, la actitud seguida por el President de la Generalitat, que tiene que elegir entre dos opciones.

Por un lado el desafío independentista, y por otro lado la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones del día a día que hoy incumple el Govern. La Generalitat, que arrastra la mayor deuda de España, tiene graves problemas para pagar las nóminas, las farmacias, las escuelas, los hospitales o a los proveedores, no tiene liquidez, no la encuentra en los mercados y sólo tiene las posibilidad de recurrir al Gobierno Central, que no puede dejar caer a ninguna Comunidad Autónoma.

O sea, Artur Más está en un callejón que sólo tiene una salida, que no es precisamente la que le exige ERC, que además de ser en gran parte responsable durante los sucesivos Tripartits de llegar a la situación actual, no quiere asumir los costes de apoyar unos Presupuestos que obligatoriamente tienen que ser restrictivos, como lo son para todo el Estado. Si gobernar tiene que servir para atender a los ciudadanos, está claro que hoy por hoy en Cataluña como en el resto de España, como en toda la UE, lo prioritario es superar la crisis, el crecimiento económico, la creación de empleo y cubrir las necesidades de los ciudadanos en sanidad, educación y pensiones.

Por eso, el encuentro entre el Presidente del Gobierno y el de la Generalitat es una buena noticia, propio de gobernantes responsables que deben atender a los intereses prioritarios de Cataluña y del conjunto de España, que son los mismos, y desde luego no son la confrontación mantenida hasta ahora. Habrá quien quiera echar agua al vino y detecte intereses chantajistas en una u otra dirección, pero ayudar a una parte de España tan importante como lo es Cataluña es imprescindible y por ello relajar el déficit y aportar liquidez a Cataluña es esencial.

Sentado lo anterior, dialogar no es imponer y la cuadratura del círculo es imposible, como lo es romper con España y pedir su ayuda y colaboración para hacerlo. Pero, de la misma forma en que hemos defendido que las Comunidades más ricas tienen que aportar su solidaridad a las más pobres, es justo también que a las que ahora pasen mayores apuros se les ayude más, aunque no faltarán quienes digan que con ello se castiga a las Comunidades que cumplen los criterios del déficit con rigor.

Pero este reencuentro o reanudación de un diálogo, que no debería haberse interrumpido, tiene que servir para desactivar algunos tópicos tóxicos. Los datos publicados por la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat son escalofriantes. Los compromisos de pago en diferido contraídos entre el 2006 y el 2010, años de Tripartit, se multiplicaron por tres, hasta llegar a la cifra de casi 80.000 millones de euros, algunos tan pintorescos como el pago de los terrenos de la futura cárcel de Barcelona, o el de las estaciones adjudicadas de la línea 9, que ni ha sido construida.

Naturalmente, a estas cifras hay que añadir los 50.000 millones de euros a los que ha elevado la Deuda el Govern del Sr. Más, que dejan a una Cataluña hipotecada de por vida y por lo menos hasta el 2108. De momento, gracias al FLA, Fondo de Liquidez Autonómico, del que Cataluña se lleva la mayor parte, y a la flexibilidad en la reducción del déficit, que la UE nos exige a todos y que otras Comunidades cumplen, podemos seguir adelante, pero el soberanista y recurrente lema de que España nos roba es tan falso como ingenuo.

El IEE, Instituto de Estudios Económicos, ha publicado un concienzudo estudio de lectura recomendable en el que, además de ofrecer datos contrastables e incontestables, llega a una interesante conclusión. El crecimiento de Cataluña desde 1978 hasta 2007 ha sido el más rápido de todos los países de la OCDE y nuestra renta alcanzó en el 2007 un 120% de la media europea, superior incluso a la media de Alemania e Italia. La presunta asfixia y expoliación económica a la que ha sido sometida Cataluña es un argumento insostenible, una falacia.

¿Qué ha ocurrido, pues, para que Cataluña esté al borde de la ruptura? Los sucesivos sistemas de financiación autonómica han sido recibidos por todos los Governs de aquí con elogios. La inversión en infraestructuras desde el año 96 ha sido la mayor del Estado. En todas las elecciones generales celebradas hasta ahora, por lo menos mientras el PSOE lo era y esperemos que lo siga siendo, ha reflejado un sentido inequívoco y mayoritario. La abrumadora mayoría de los catalanes HEMOS DECIDIDO seguir en España. Quienes optaban por la ruptura, CiU no lo hacía entonces, tenían muy pocos votos. Tampoco consiguió Más la mayoría excepcional para llevarnos al abismo.

¿Porqué, si hasta el 11-S del 2012 un pacto fiscal lo arreglaba todo, al día siguiente la única solución era romper con España, que como se está viendo no es una solución sino todo lo contrario? Ciertamente, los recortes a los que obliga la crisis, el permanente victimismo nacionalista, o la irresponsabilidad y desorientación de los socialistas gobernando con separatistas y generando frustraciones estatutarias, han podido confundir al electorado y provocar desafecciones.

Pero el actual President de la Generalitat, Artur Más, debe tener muy presente que los catalanes no le dimos la mayoría excepcional para aventuras, para romper lo que ha estado unido toda la vida durante más de 500 años, y sí le dieron una mayoría para gobernar y para superar una crisis de la que juntos aquí y con el resto de España vamos a salir. Porque juntos, podemos. Sumando vamos a ganar, restando vamos a perder todos, Cataluña y España. Y a eso no estamos dispuestos porque al Sr. Más le haya dado un ataque de “rauxa” y no sepa cuadrar las cuentas.

José Ignacio Llorens Torres

Diputado al Congreso del Partido Popular por Lleida

Presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados