jueves, 13 de junio de 2013

Síntomas positivos

Sería un error, que desde el Partido Popular hemos criticado reiteradamente, negar una crisis que todavía dura, y pronosticar brotes verdes primaverales que al no consolidarse no hacen más que provocar desconfianza y generar frustraciones. Pero dicho esto y con toda la prudencia que exige la gravedad de la situación económica que atravesamos, estamos en condiciones de atisbar indicios de recuperación económica basándonos en cifras ciertas y reales.

Y hay que empezar por el dato del paro, que desciende en casi 100.000 personas, concretamente en 98.265, y que hace del actual el mejor mayo de la historia en términos de ocupación. La Seguridad Social cierra con la creación neta de 134.660 empleos, la mayor alza conocida también, y aunque algunos agoreros se empeñan en recordarnos que tras el verano llega el invierno, todo indica que el próximo será menos riguroso en términos económicos que los anteriores.

Por situarnos en el verano, el mes de julio del año pasado la prima de riesgo llegó a superar los 700 puntos; que se haya reducido en menos de la mitad significa que el coste de los intereses de nuestra deuda se ha rebajado ostensiblemente y ha dejado de ser una de las principales partidas del gasto del Estado. Y no solo eso, la prima de riesgo mide la credibilidad y la confianza que suscita la economía de un país, que ha mejorado notablemente y el diferencial de los intereses con respecto a Alemania que hay que pagar para atraer la inversión extranjera a nuestro país se ha reducido considerablemente. Lo refleja con claridad el aumento del saldo neto de capitales que llegan a nuestro país.

Tampoco puede pasar desapercibido el incremento de nuestra competitividad, como refleja que por primera vez España tiene una balanza corriente de pago positiva, lo que quiere decir que vendemos más de lo que compramos y que además, como se ha dicho antes, lo hacemos con intereses más baratos. No faltarán lectores escépticos que opinen que estas tendencias macroeconómicas no deben ser recibidas con optimismo exagerado, pero sin embargo los datos expresados son reales y vienen avalados por opiniones tan autorizadas como la Agencia Bloomberg, que es la principal agencia estadounidense de información económica y que asegura que la “crisis española se desvanece mientras las exportaciones transforman nuestro país”.

Algo habrá de cierto en ello cuando la UE ha suavizado el objetivo de reducción del déficit, que por otra parte este gobierno en un clima de recesión económica ha sido capaz de reducir en más de 2 puntos y 20.000 millones de euros, invirtiendo una tendencia que nos llevaba a la bancarrota y a la intervención con unas consecuencias tan tenebrosas como las que padecen Grecia, Portugal y Chipre, que han visto disminuidos las pensiones a la mitad, empobrecidos sus ahorros y recortadas cruelmente sus políticas sociales.

Se ha reducido el déficit, se ha reformado y saneado el sistema bancario que era un pozo sin fondo, se ha emprendido una reforma laboral que ha impedido la deslocalización de empresas y reforzado nuestra competitividad, se ha impulsado un Plan de Emprendedores y el pago a los proveedores, y quedan todavía muchas reformas pendientes, que comportarán sacrificios pero que son inevitables, como son entre otras la simplificación de las administraciones, una selección más rigurosa de las grandes infraestructuras y obras públicas, o el ajuste de la edad de jubilación a la esperanza de vida.

Sería una obscenidad de cara a tanta gente que lo está pasando tan mal lanzar las campanas al vuelo, como temerario sería asimismo abandonar las reformas macroeconómicas que aún no se traducen en mejoras de la microeconomía real de los ciudadanos, que si bien no son suficientes todavía son necesarias, y sin duda nos permitirán iniciar la senda del crecimiento económico que se necesita para crear empleo, garantizar la sostenibilidad de nuestras políticas sociales y recuperar la confianza de quienes nos tienen que ayudar.

Una opinión tan autorizada y respetada como la del Ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schaüble, respalda esa confianza que ya inspira el gobierno de Rajoy en Europa al proclamar sin rodeos que “los resultados de las reformas en España son impresionantes”. Por eso, ahora se nos permite que se relaje el objetivo del déficit y van a llegar nuevas ayudas para el Plan de Empleo Juvenil y para que las familias y las empresas tengan acceso real al crédito. En una palabra, el gobierno de España, que ya no insulta ni engaña al de Alemania, percibe esa mano tendida.

La misma que el gobierno de España mantiene con el de la Generalitat, que sin embargo sigue obstinado en una campaña de confrontación que tiene su expresión máxima en el bochornoso simposio que organiza la Generalitat titulado “España contra Cataluña”, y que no puede ser calificado de otra manera a como lo hace el hispanista inglés John H. Elliot,“Un solemne disparate”. Pero ni la afabilidad y prudencia del Presidente Rajoy, ni la responsable actitud que cabe destacar y respetar de Duran i Lleida, ni la hemorragia electoral que sufre CiU a favor de ERC, parecen ser suficientes para que Artur Mas rectifique un rumbo tan suicida como equivocado, para la propia CiU y lo que es peor para Cataluña y España.

Porque algunos síntomas no deberían pasar desapercibidos para los estrategas de la confrontación. En el partido del pasado domingo entre el Lleida y el Jaén, la mayoría acabó silenciando estruendosamente los bochornosos improperios contra los españoles de una parte de la grada. Sencillamente porque la mayoría nos sentimos agredidos, tanto como nos sentimos los catalanes cuando otros energúmenos nos insultan en otros campos de España.

José Ignacio Llorens Torres
Diputado al Congreso del Partido Popular por Lleida

martes, 4 de junio de 2013

Los precios agrarios y la integración de las cooperativas

La Comisión de Agricultura, Alimentación, Medio Ambiente y Pesca, acaba de aprobar la semana pasada dos proyectos de ley remitidos por el gobierno, de enorme trascendencia para el sector agrario. Son el proyecto de Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria y el Proyecto de Ley de Fomento de la Integración de Cooperativas y de otras Entidades Asociativas de carácter Agroalimentario.

Ambas leyes, largamente esperadas e históricamente reivindicadas por el sector, que el gobierno socialista fue incapaz de impulsar y aprobar, tienen un objetivo común, proteger y mejorar el precio de los agricultores y ganaderos de manera que el precio en origen cubra al menos los costes de producción, lo que no ocurre en muchos casos. No hay nada más gráfico que justifique la necesidad de las leyes aprobadas, que la enorme diferencia de precios, que todo el mundo puede comprobar, entre lo que paga el consumidor en la tienda o en el supermercado y lo que percibe el esforzado productor, que a veces es cuatro, cinco o diez veces menor.

Hay varias causas que pueden explicar estas enormes diferencias. La gran longitud, complejidad, heterogeneidad y falta de transparencia de la cadena de alimentación, desde que el producto sale del campo hasta que llega al consumidor. El desequilibrio y asimetría de la cadena alimentaria viene de la escasa capacidad negociadora de los productores, 989.787, explotaciones agrícolas y ganaderas, y de las industrias, 29.334, frente a las empresas de distribución, de las que cinco de ellas cubren el 40% del mercado nacional de la alimentación.

En muchas ocasiones los agricultores cobran a “resultas”, es decir no saben cuanto ni cuando, lo que evidentemente es una situación injusta que no sólo perjudica a ellos, sino finalmente al conjunto. La Ley de la Mejora de la Cadena Alimentaria, pionera en Europa, le pone el cascabel al gato, con la obligación por primera vez de formalizar los contratos por escrito, algo que cierto ya pudo prosperar en la pasada legislatura sino hubiera faltado el apoyo de CiU cuando lo propuse como portavoz de la Agricultura del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.

Estos contratos por escrito, obligatorio para las transacciones comerciales superiores a 2.500 euros, garantizarán la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales, y tendrán que incorporar la identificación de las partes, el objeto, el precio cierto, las condiciones de pago, el plazo, la entrega de productos, derechos y obligaciones y duración, y causas y efectos de la extinción del contrato pactado libremente por las partes.

La ley prohibe además las prácticas comerciales abusivas y regula los pagos así como las contraprestaciones a las que están asociados, prohibiendo su exigencia cuando no están pactados e incluidos expresamente en el contrato escrito. Se incluye también un código de buenas práctica para evitar prácticas desleales y que las marcas blancas (en aceites, vino o pan, por ejemplo) no actúen como productos de reclamo y se vendan por debajo del precio de coste. Se crea el observatorio de la cadena alimentaria, y por último el Ministerio dispondrá de potestad sancionadora en caso de incumplimiento e infracción de la ley, lo que es muy importante porque evita las denuncias particulares y la judicialización de los conflictos, y bastará con la vía administrativa.

El Proyecto de Ley de Fomento de la integración de Cooperativas y otras Entidades Asociadas de carácter Agroalimentario tiene el objetivo de estimular la concentración de la oferta y potenciar grupos comerciales de amplia base cooperativa y dimensión supraautonómica, para que adquieran la dimensión y estructura adecuadas para entrar en unos mercados cada vez más abiertos y competitivos en los que el sector agrario español está en clara desventaja.

Así, mientras en España cerca de 4.000 cooperativas facturan unos 19.000 millones de euros, o sea una media de 5 millones de euros por cooperativa, en los Países Bajos, 2 cooperativas, una cárnica y otra láctea, facturan casi esa cantidad. La primera cooperativa española no está entre las primeras 25 europeas y las 60 españolas que facturan unos 6.600 millones de euros están por debajo de la quinta europea. No se entienden, pues, las reticencias de CiU a apoyar un proyecto que establece una serie de ayudas y estímulos en materia de formación y asistencia técnica, gestión, transformación, comercialización, promoción, I+D+i y nuevas tecnologías, preferencias en créditos ICO y toda una serie de ventajas para aquellas cooperativas que se fusionen y amplíen su tamaño.

En resumen, con estas dos leyes se intenta proteger al eslabón más débil de la cadena alimentaria, que son los productores, garantizando unos precios adecuados para asegurar sus rentas a través de unos contratos obligatorios. La transparencia de la cadena alimentaria permitirá determinar los márgenes de todos los eslabones de la cadena alimentaria y la concentración de la oferta permitirá reforzar el poder negociador de los productores y terminar con las posiciones de dominio que conforman los precios de arriba abajo.

Las dos leyes, que se complementan y se refuerzan, no van en contra de nadie, al contrario va a favorecer a los agricultores y ganaderos, a las industrias, a los interprofesionales, a la distribución y al sector agroalimentario español, que representa el 20% del PIB español. La mejor prueba de que esta ley, que contra viento y marea, con coraje y acierto ha impulsado el ministro Arias Cañete, es que ha sido aceptada por todos los agentes de la cadena alimentaria, por las OPAS, Cooperativas, FIAB y distribuidores y consumidores, y ni el PSOE ni CiU se han atrevido a algo más que a una tímida abstención.

José Ignacio Llorens Torres
Diputado al Congreso del Partido Popular por Lleida
Presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados