La Comisión de Agricultura, Alimentación, Medio Ambiente y Pesca, acaba de aprobar la semana pasada dos proyectos de ley remitidos por el gobierno, de enorme trascendencia para el sector agrario. Son el proyecto de Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria y el Proyecto de Ley de Fomento de la Integración de Cooperativas y de otras Entidades Asociativas de carácter Agroalimentario.
Ambas leyes, largamente esperadas e históricamente reivindicadas por el sector, que el gobierno socialista fue incapaz de impulsar y aprobar, tienen un objetivo común, proteger y mejorar el precio de los agricultores y ganaderos de manera que el precio en origen cubra al menos los costes de producción, lo que no ocurre en muchos casos. No hay nada más gráfico que justifique la necesidad de las leyes aprobadas, que la enorme diferencia de precios, que todo el mundo puede comprobar, entre lo que paga el consumidor en la tienda o en el supermercado y lo que percibe el esforzado productor, que a veces es cuatro, cinco o diez veces menor.
Hay varias causas que pueden explicar estas enormes diferencias. La gran longitud, complejidad, heterogeneidad y falta de transparencia de la cadena de alimentación, desde que el producto sale del campo hasta que llega al consumidor. El desequilibrio y asimetría de la cadena alimentaria viene de la escasa capacidad negociadora de los productores, 989.787, explotaciones agrícolas y ganaderas, y de las industrias, 29.334, frente a las empresas de distribución, de las que cinco de ellas cubren el 40% del mercado nacional de la alimentación.
En muchas ocasiones los agricultores cobran a “resultas”, es decir no saben cuanto ni cuando, lo que evidentemente es una situación injusta que no sólo perjudica a ellos, sino finalmente al conjunto. La Ley de la Mejora de la Cadena Alimentaria, pionera en Europa, le pone el cascabel al gato, con la obligación por primera vez de formalizar los contratos por escrito, algo que cierto ya pudo prosperar en la pasada legislatura sino hubiera faltado el apoyo de CiU cuando lo propuse como portavoz de la Agricultura del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.
Estos contratos por escrito, obligatorio para las transacciones comerciales superiores a 2.500 euros, garantizarán la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales, y tendrán que incorporar la identificación de las partes, el objeto, el precio cierto, las condiciones de pago, el plazo, la entrega de productos, derechos y obligaciones y duración, y causas y efectos de la extinción del contrato pactado libremente por las partes.
La ley prohibe además las prácticas comerciales abusivas y regula los pagos así como las contraprestaciones a las que están asociados, prohibiendo su exigencia cuando no están pactados e incluidos expresamente en el contrato escrito. Se incluye también un código de buenas práctica para evitar prácticas desleales y que las marcas blancas (en aceites, vino o pan, por ejemplo) no actúen como productos de reclamo y se vendan por debajo del precio de coste. Se crea el observatorio de la cadena alimentaria, y por último el Ministerio dispondrá de potestad sancionadora en caso de incumplimiento e infracción de la ley, lo que es muy importante porque evita las denuncias particulares y la judicialización de los conflictos, y bastará con la vía administrativa.
El Proyecto de Ley de Fomento de la integración de Cooperativas y otras Entidades Asociadas de carácter Agroalimentario tiene el objetivo de estimular la concentración de la oferta y potenciar grupos comerciales de amplia base cooperativa y dimensión supraautonómica, para que adquieran la dimensión y estructura adecuadas para entrar en unos mercados cada vez más abiertos y competitivos en los que el sector agrario español está en clara desventaja.
Así, mientras en España cerca de 4.000 cooperativas facturan unos 19.000 millones de euros, o sea una media de 5 millones de euros por cooperativa, en los Países Bajos, 2 cooperativas, una cárnica y otra láctea, facturan casi esa cantidad. La primera cooperativa española no está entre las primeras 25 europeas y las 60 españolas que facturan unos 6.600 millones de euros están por debajo de la quinta europea. No se entienden, pues, las reticencias de CiU a apoyar un proyecto que establece una serie de ayudas y estímulos en materia de formación y asistencia técnica, gestión, transformación, comercialización, promoción, I+D+i y nuevas tecnologías, preferencias en créditos ICO y toda una serie de ventajas para aquellas cooperativas que se fusionen y amplíen su tamaño.
En resumen, con estas dos leyes se intenta proteger al eslabón más débil de la cadena alimentaria, que son los productores, garantizando unos precios adecuados para asegurar sus rentas a través de unos contratos obligatorios. La transparencia de la cadena alimentaria permitirá determinar los márgenes de todos los eslabones de la cadena alimentaria y la concentración de la oferta permitirá reforzar el poder negociador de los productores y terminar con las posiciones de dominio que conforman los precios de arriba abajo.
Las dos leyes, que se complementan y se refuerzan, no van en contra de nadie, al contrario va a favorecer a los agricultores y ganaderos, a las industrias, a los interprofesionales, a la distribución y al sector agroalimentario español, que representa el 20% del PIB español. La mejor prueba de que esta ley, que contra viento y marea, con coraje y acierto ha impulsado el ministro Arias Cañete, es que ha sido aceptada por todos los agentes de la cadena alimentaria, por las OPAS, Cooperativas, FIAB y distribuidores y consumidores, y ni el PSOE ni CiU se han atrevido a algo más que a una tímida abstención.
José Ignacio Llorens Torres
Diputado al Congreso del Partido Popular por Lleida
Presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados
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